CUANDO EL DAR DEJA DE SER VIRTUD. DEL ACTO MORAL A LA INGENIERÍA SOCIAL.

 

CUANDO EL DAR DEJA DE SER VIRTUD

Del acto moral a la ingeniería social

Por Alejandro Oscar De Salvo 

A lo largo de este escrito abordaré un grupo de virtudes cuya comprensión y desarrollo individual resulta esencial para desempeñarnos con verdadera humanidad. 

Asimismo, explicaré el por qué esas virtudes son la clave que nos permite desentrañar los relatos políticos falaces y advertir las maniobras de ingeniería social que llevan a cabo los ideólogos del socialismo del siglo XXI.

Las virtudes a las que me refiero son la compasión, la caridad, la solidaridad y la filantropía.

Incorporar dichas virtudes es imprescindible para nuestro crecimiento interior, para vivir con justicia de cara a nuestros semejantes y, a la vez, para entender la trampa ideológica que encierra el planteo de una supuesta justicia social. 

Además, las personas que están éticamente formadas descifran con facilidad el uso político que la izquierda hace del buenismo progresista y advierten los graves perjuicios que causa el socialismo del siglo XXI a los pueblos y los países que caen bajo sus garras.

Por último, expondré la figura del hombre piadoso que, según mi opinión, es uno de los modelos a seguir para elevar el desarrollo humano y actuar con altos estándares morales.

Comenzamos:

1. La Compasión. 

La virtud de la compasión es una disposición interior que implica percibir el sufrimiento ajeno y sentirse afectado por él, con una inclinación natural a aliviarlo.

Sus rasgos claves son de tipo emocional y moral. Puede existir compasión sin una acción concreta.

La compasión supone empatía profunda, no sólo comprensión racional.

Se da en el ámbito personal, interpersonal y espiritual.

Por ejemplo, sentir dolor auténtico frente a la desgracia de otra persona y desear sinceramente que su situación mejore es una actitud compasiva.

2. La caridad. 

La virtud de la caridad es la acción concreta de ayudar al otro por amor. Se la asocia generalmente con la tercera de las virtudes teológicas que enseña el cristianismo. En este último caso la persona caritativa ayuda al semejante por amor a Dios y al prójimo.

Su rasgo clave es el amor. Amor a Dios y al prójimo en el caso de los creyentes o amor al prójimo en el caso de los no creyentes en un Ser Superior.

Ese amor se expresa en una ayuda concreta, libre y personal, sin expectativas de reciprocidad. 

La caridad se ejerce voluntariamente, sin exigir una contraprestación ni pensar en obtener un beneficio personal de modo directo o indirecto.

Implica dar, sea tiempo, dinero, bienes y/o cuidados.

Tiene un fuerte componente moral, espiritual y religioso en su acepción clásica.

La caridad se da en ámbitos Individuales o institucionales (iglesias, ONGs, etc.), pero sólo puede ser vivenciada por las personas físicas sea que actúen en el plano individual o se desempeñan a través de personas jurídicas.

Por ejemplo, capacitar a desocupados para ayudarlos a reinsertarse en el mundo laboral, atender a un enfermo o cuidar a una persona mayor, sin esperar nada a cambio.

3. La solidaridad. 

La virtud de la solidaridad es el reconocimiento de un vínculo común que genera responsabilidad mutua, especialmente frente a situaciones de sufrimiento, injusticia y vulnerabilidad.

Su rasgo clave es que tiene un carácter social y colectivo. Por lo general ocurre dentro de una comunidad de individuos.

Supongamos compromiso activo y sostenido en el tiempo.

Requiere de una acción organizada y suele estar asociada al ejercicio de derechos o la satisfacción de necesidades de diferentes tipos. 

La solidaridad se suele presentar en el ámbito social, comunitario, sindical y político. 

Lamentablemente, en los hechos, muchas veces se utilizan supuestos mecanismos solidarios como fachada para que los personajes que conducen determinadas organizaciones sean los principales beneficiarios. 

Un ejemplo clásico de cómo se desvirtúa la solidaridad lo aportan los gremialistas multimillonarios circulando en sus autos de alta gama, mientras entregan a los obreros que representan en las negociaciones salariales. 

En ocasiones, la solidaridad queda tan desnaturalizada que se reduce a un instrumento de la ingeniería social. 

Por ejemplo, con frecuencia se encuentran casos en que la solidaridad es honestamente utilizada en grupos de personas afectadas por determinadas patologías o en asociaciones dedicadas a intervenir en catástrofes humanitarias, entre otras actividades.

4. La filantropía

La filantropía es una virtud moral que consiste en el amor a la humanidad expresada mediante iniciativas libres, racionales y deliberadas , orientadas a promover el bienestar humano de manera amplia y sostenida.

Como rasgo distintivo, la filantropía es racional, estratégica y estructurada . No se limita a la atención inmediata de la urgencia, sino que apunta al impacto a largo plazo , procurando mejorar las condiciones de vida mediante acciones planificadas, controlables y evaluables.

Las prácticas filantrópicas son frecuentes en ámbitos empresariales, fundaciones, entidades de bien público y también en ciertas tradiciones iniciáticas y asociativas, como la masonería, el club de Leones, el Rotary Club, etc. 

Son ejemplos típicos de filantropía el financiamiento de programas educativos, científicos, culturales o sanitarios desarrollados a gran escala.

En su sentido propio, la filantropía nace de la voluntad individual o institucional libre . No reconoce derechos exigibles, no se financia por coerción fiscal ni con fondos públicos obtenidos compulsivamente, no sustituye la responsabilidad personal de los destinatarios, no pretende reorganizar la sociedad ni responde a intereses políticos partidarios.

Respetados estos parámetros, la filantropía es una virtud que mueve al ser humano a obrar el bien por amor a la humanidad , sin instrumentalizar ese amor como herramienta de poder.

Expuesta la virtud de la filantropía, resulta necesario aclarar que desde mediados del siglo XX y, con mayor intensidad, en lo que va del siglo XXI , ciertos sectores del progresismo han recurrido a un ardid lingüístico para encubrir prácticas propias de la justicia social bajo la denominación de filantropía social .

En efecto, determinadas corrientes progresistas utilizan esta expresión para re-etiquetar su accionar político, buscando despegarse del término justicia social , fuertemente desgastado por sus antecedentes históricos, sus reiterados fracasos económicos, su asociación con el clientelismo, la coerción estatal, la mala gestión, los escándalos por corrupción y su creciente carga ideológica.

En este contexto, presentar políticas redistributivas y mecanismos de ingeniería social bajo una expresión de resonancia moral positiva, tal como filantropía social, resulta funcional y estratégico para el socialismo del siglo XXI.

En síntesis, el concepto de filantropía social no surge de la tradición moral clásica. Por el contrario, es el resultado de un proceso moderno mediante el cual el amor al hombre, entendido como virtud personal, fue progresivamente absorbido por la lógica del progresismo. De este modo, la expresión filantropía social se configura como una construcción de determinados sectores de la izquierda y pasa a funcionar, en el uso contemporáneo, como un eufemismo moral sustitutivo de la idea de justicia social .

5. La Justicia Social

La justicia social no es una emoción ni una virtud individual, es un criterio normativo de orden político e institucional.

Se trata de un principio de carácter político que propone organizar la sociedad mediante la intervención del Estado para corregir desigualdades a través de la redistribución de bienes, derechos y oportunidades, bajo el argumento de preservar la dignidad humana y favorecer el desarrollo personal.

Pese a su naturaleza política ya su claro sesgo ideológico, la justicia social suele presentarse como una regla moral de validez universal, destinada a ser aceptada sin objeciones por todas las personas empáticas y “de buen corazón”. 

Esta identificación falaz entre justicia social y amor humano cumple una función precisa: deslegitimar moralmente a quien cuestiona estas políticas, reduciendo toda crítica a una supuesta falta de sensibilidad o humanidad.

En ese marco, no sólo se descalifica al disidente, sino que también se somete al escarnio público a quienes señalan los resultados negativos que los gobiernos socialistas -con su culto a la justicia social- han producido allí donde estas políticas fueron aplicadas.

La justicia social se implementa principalmente a través de normativas, políticas públicas y organismos estatales. Promueve la corrección de desigualdades estructurales y de situaciones desfavorables de individuos o grupos, correcciones que en la práctica no sólo no se verifican, sino que suelen derivar en un aumento sostenido de la pobreza, la dependencia y el asistencialismo.

En ella prevalece el criterio abstracto de igualdad por sobre los enfoques clásicos de prudencia y justicia, propios de la justicia distributiva tradicional. Su ámbito es estrictamente político, jurídico e institucional.

La justicia social se apoya en relatos legitimadores que exaltan el rol del Estado en la provisión de educación, salud o seguridad social, con prescindencia de la calidad, utilidad efectiva y resultados concretos de dichos servicios. Del mismo modo, ensalza políticas redistributivas orientadas a reducir brechas de origen sin atender de manera honesta a sus consecuencias reales ni a los elevados niveles de corrupción que las suelen acompañar.

En este contexto, los gobiernos progresistas elevan la justicia social a la categoría de dogma político-moral. Y la presentan como un principio aceptado por todas las “personas de bien”. Algo similar ocurre cuando estas banderas son enarboladas desde el ámbito religioso y la Iglesia deciden operar activamente en el plano político y social.

La experiencia histórica de las últimas décadas permite afirmar que la justicia social avanza disociada de las consecuencias dañinas que genera. Cuanto más profundas han sido estas políticas, mayor ha sido el retroceso económico, social, educativo y cultural de los países que las adoptan.

Un ejemplo recurrente es el de gobernantes que se presentan como defensores de la educación pública, incrementan sostenidamente el presupuesto educativo y, sin embargo, obtienen peores resultados año tras año. 

El deterioro del aprendizaje de niños y adolescentes no constituye un error accidental en las políticas educativas. Por el contrario, es la obtención de un objetivo oculto destinado a aumentar la ignorancia y la pobreza funcional, con la finalidad de alimentar un clientelismo político que luego se traduce en apoyo electoral.

Las políticas de justicia social sólo logran sostenerse gracias a la impunidad de los funcionarios públicos responsables de los daños que generan al aplicarlas.

Queda así establecido que la justicia social no es una virtud, sino un mecanismo político de ejercicio del poder. A diferencia de la compasión, la caridad, la solidaridad o la filantropía, no depende de la voluntad individual, no nace de una disposición interior ni emplea recursos ofrecidos libremente. Se impone coercitivamente mediante regulación normativa, recaudación fiscal y redistribución forzada.

Mientras las virtudes vinculadas al compromiso auténtico con el prójimo son categorías morales o antropológicas que surgen del desarrollo interior del sujeto, la justicia social es una categoría político-institucional que nace del poder.

Por ello, la justicia social no exige sentir el sufrimiento ajeno como la compasión, dar por amor al prójimo como la caridad, asumir vínculos de ayuda recíproca como la solidaridad, ni cultivar una benevolencia genuina hacia la humanidad como la filantropía. 

Sin embargo, se presenta ante el gran público como un procedimiento moralmente legítimo cuando, en los hechos, prescinde de toda virtud, se financia contra la voluntad de quienes la sostienen y produce resultados social y moralmente reprochables.

En este contexto, la justicia social aparece con nitidez como una herramienta característica de los gobiernos de izquierda, utilizada tanto para expandir políticas clientelares como para restringir las libertades individuales, tal como lo han señalado históricamente el liberalismo clásico, el republicanismo no estatista y la doctrina social previa al siglo XX.

6. El núcleo del conflicto: socialismo versus liberalismo

El socialismo del siglo XXI promueve una concepción de igualdad desvinculada tanto del mérito como de la responsabilidad individual por las decisiones adoptadas y las acciones ejecutadas. En ese marco, la justicia social se convierte en una de sus herramientas de legitimación predilectas. Las ideologías colectivistas, cuando ejercen el gobierno, la invocan para justificar prácticamente cualquier intervención estatal, aun cuando tales resulten medidas ineficaces, contraproducentes o acumulen fracasos reiterados. Y cuando se encuentran en la oposición, recurren a ella para cuestionar las políticas del gobierno que no responden a su esquema ideológico.

La igualdad deja así de ser un principio de dignidad ontológica, es decir, el reconocimiento de que todas las personas poseen la misma dignidad en razón de su naturaleza humana, para convertirse en un criterio de homogeneización forzada, funcional a la concentración del poder y el empobrecimiento de las masas.

Por el contrario, el liberalismo clásico sostiene que la libertad es condición previa de toda justicia posible. Parte del reconocimiento de la igualdad de las personas ante la ley, pero afirma que los resultados desiguales son una consecuencia inevitable -y legítima- de la diversidad de talentos, esfuerzos, decisiones y acciones individuales. Desde esta perspectiva, la justicia no consiste en igualar resultados, sino en respetar reglas generales, previsibles y no arbitrarias, que permitan a cada persona desplegar su proyecto de vida sin interferencias indebidas del poder político.

Mientras el socialismo privilegia la ingeniería social y la redistribución coercitiva como medios para alcanzar multas supuestamente nobles, el liberalismo desconfía de toda pretensión de rediseñar la sociedad desde el Estado y subraya los riesgos morales y políticos de otorgar a los gobernantes la facultad de decidir quién merece qué y en qué medida. 

Allí donde el socialismo amplía la esfera de control estatal en nombre de la justicia social, el liberalismo procura limitar el poder para resguardar la libertad, la responsabilidad individual y la dignidad concreta de las personas.

En este antagonismo reside el núcleo del conflicto: no se trata de una disputa entre sensibilidad e insensibilidad social, sino entre coerción e iniciativa libre, entre un orden impuesto desde arriba y un orden que emerge de la acción responsable de individuos libres.

7. La afectación de los procesos democráticos y los programas de ingeniería social

La justicia social, además de vulnerar la libertad individual, genera graves distorsiones en los procesos democráticos mediante el direccionamiento del voto de amplios sectores vulnerables que terminan convertidos en rehenes de las dádivas gubernamentales, en un contexto de empobrecimiento sostenido y deterioro educativo deliberado.

Toda política de justicia social requiere decidir quiénes pagan, cuánto pagan ya quiénes se les transfiere lo obtenido mediante la coerción del Estado . Con frecuencia, además, se establecen condiciones explícitas o implícitas para los receptores de esos beneficios. Este es el punto de partida de la distorsión electoral , cuando el acceso a recursos estatales queda directa o indirectamente vinculado al comportamiento político del beneficiario.

El mecanismo es sencillo y para desvirtuar elecciones formalmente libres y democráticas no requiere que los sectores subsidiados sean mayoritarios. Basta con generar núcleos electorales dependientes. Si a un contribuyente se le sustraen coercitivamente $5.000 y esos recursos se distribuyen otorgando $1.000 a cinco beneficiarios, el resultado político es evidente: se pierde un voto potencial y se crean cinco votos condicionados a favor. Al extender este esquema a segmentos significativos de la población, se produce un deterioro simultáneo de la calidad institucional, la economía y la democracia representativa.

Este tipo de políticas implica necesariamente violentar de manera abierta o solapada derechos y garantías constitucionales:

Por ejemplo, se vulnera el derecho de propiedad; se limita la libertad individual y profesional, afectado el ejercicio de actividades lícitas y la autodeterminación económica de las personas; y se erosiona la autonomía personal, reduciendo el ámbito de decisión propio frente a la expansión de la intervención estatal.

Por ello, la justicia social no constituye una virtud, sino una ingeniería del orden social que, en manos del progresismo, abandona la prudencia y se transforma en un conjunto de medidas expansivas, permanentes y orientadas al control político de los individuos.

Asimismo, causa una alteraciones sistemáticas de los procesos electorales mediante la consolidación de clientelismos basados ​​en el empobrecimiento inducido y la distribución de subsidios destinados a paliar una pobreza que el propio sistema genera y reproduce.

Históricamente, cuando la justicia social se revistió de un lenguaje moralizante, dejó de orientarse a la defensa auténtica del débil y se convirtió en una herramienta de legitimación del poder cuyo uso invariablemente aumentó la pobreza y destruyó las economías nacionales.

8) La clase media, eterna víctima del socialismo y su tramposa justicia social

A lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI se han sucedido numerosos gobiernos de izquierda, especialmente en América Latina. Estos han dado un fiel testimonio de la destrucción económica, social y cultural que provoca el socialismo cuando alcanza el poder. Tan graves y reiterados han sido sus fracasos que muchos partidos con vocación de gobierno optaron por dejar de identificarse explícitamente como socialistas, recurriendo a denominaciones más difusas o amables, o bien ocultándose bajo el rótulo genérico de progresismo, hoy ampliamente reconocido como socialismo del siglo XXI.

En ese marco, la justicia social ha sido una herramienta infaltable en la construcción de desastres económicos, crisis fiscales crónicas y procesos inflacionarios -cuando no hiperinflacionarios- que caracterizan a los gobiernos de izquierda.

En Argentina, el socialismo no siempre se presentó con nombre propio. En numerosas ocasiones se expresó a través de prácticas, políticas y discursos encarnados por gobiernos del justicialismo y del radicalismo. Y como ocurre históricamente con los gobiernos de inspiración socialista, muchos de estos procesos concluyeron en finales abruptos, firmados por derrumbes económicos, descalabros sociales y deterioro institucional. Tanto peronistas como radicales han sido -y continúan siendo- cultores de la justicia social, como no podía ser de otro modo dentro de esa matriz ideológica.

En el espacio progresista de la justicia social, las víctimas recurrentes del deterioro económico y de la pérdida de calidad de vida han sido los integrantes de la clase media. Y corresponde aclarar que, al utilizar la expresión “clase media”, se incluye específicamente a la clase media baja, la clase media propiamente dicha y la clase media alta.

Todos estos estratos sociales comparten un rasgo común: participan plenamente del sistema económico y fiscal sin contar ni con los privilegios del gran capital ni con los beneficios del asistencialismo estatal. Precisamente por ello, los tres niveles de la clase media resultan sistemáticamente expoliados por las políticas de justicia social, ya que carecen de mecanismos reales para eludir o trasladar la carga que se les impone.

Esto ocurre por varias razones. Por un lado, los sectores de mayores ingresos suelen ocupar posiciones en el mercado y en los procesos productivos que les permiten trasladar una parte significativa de la carga impositiva hacia la población mediante precios, tarifas o estructuras de costos. Por otro lado, estos sectores reciben con frecuencia prebendas, beneficios regulatorios o tratamientos preferenciales por parte de los gobiernos, con el objetivo de evitar impactos económicos que puedan traducirse en costos políticos inmediatos.

De este modo, las arbitrariedades que presupone la transferencia coercitiva de recursos entre ciudadanos se realizan, en los hechos, con el dinero que se le sustrae a la clase media: recursos obtenidos como fruto de su trabajo, su esfuerzo sostenido y su capacidad productiva.

Y es casi innecesario señalar que los integrantes de la clase media, en general, son quienes cuentan con menores herramientas para protegerse de los procesos inflacionarios que suelen desencadenar las políticas inspiradas en la justicia social.

9) La justicia social versus la justicia distributiva.

La justicia social pierde su manto de aparente legitimidad frente a la justicia distributiva clásica , desarrollada por Aristóteles y sistematizada por Santo Tomás de Aquino.

La justicia distributiva consiste en dar a cada uno lo que le corresponde . Es una virtud propia del gobernante en el marco del bien común y el progreso. En ningún caso responde a intereses políticos y mucho menos adopta la forma de un derecho exigible por el ciudadano. 

La justicia distributiva se funda en la prudencia y no únicamente en la situación del destinatario. Distribuye los bienes comunes según mérito, función y contribución , y no en razón de pertenencias ideológicas, identidades colectivas, grupos militantes o construcciones políticas.

A diferencia de ello, la llamada justicia social desnaturaliza el concepto mismo de justicia al desligarlo del orden moral objetivo y convertirlo en un instrumento de intervención permanente. 

Al no reconocer límites claros, la justicia social sustituye la prudencia por un criterio emocional o ideológico, y reemplaza la noción de mérito por la necesidad políticamente administrada. De este modo, deja de ser una virtud del gobernante para transformarse en una técnica de gestión del conflicto social.

Mientras la justicia distributiva clásica presupone una comunidad orgánica, donde cada parte cumple una función y contribuye al bien común según su capacidad, la justicia social introduce una lógica de enfrentamiento entre sectores abstractos: ricos y pobres, incluidos y excluidos, privilegiados y víctimas, hombres y mujeres, mayorías y minorías. Esta lógica no ordena, sino que fragmenta; no integra, sino que clasifica; y no eleva al individuo, sino que lo reduce a una categoría dependiente del poder político.

En consecuencia, la justicia social no corrige desigualdades sino que las institucionaliza como fundamento de su propia razón de ser. Allí donde la justicia distributiva busca armonía, responsabilidad y crecimiento, la justicia social produce dependencia, arbitrariedad, conflictividad social y degradación del principio mismo de justicia, alejándose de su raíz ética para convertirlo en una herramienta de dominación.

10) La construcción del hombre piadoso

A muchas personas, a pesar de estar hartas de los excesos y disparates que presenciaron en nombre de la justicia social, se les hace difícil pronunciarse en contra de este dañino instrumento político. Esta dificultad se suele presentar en interioridades humanas bien dispuestas, pero no del todo formados en el plano ético ni preparadas actuar con claridad en las complejidades propias de las lides políticas.

Cuando un individuo siente un gusto amargo al oponerse a la justicia social, ello suele suceder por temor a que su repudio a un supuesto mecanismo de ayuda a necesitados esté influenciado por vicios personales que detesta, tales como la crueldad, el egoísmo, la misantropía, la deshumanización, la negación del bien común o la avaricia.

No pretendo exponer aquí una solución universal a la problemática aludida, ni mucho menos adoptar una postura autorreferencial. Sólo deseo compartir la solución que implementé en mi propia vida. Pienso que lo que me sirvió a mí, tal vez, le pueda resultar útil a otras personas.

En mi caso, trabajo deliberadamente para vivir como un hombre piadoso. En la instrumentación de esa decisión de vida, el primer paso fue abordar la virtud de la piedad. 

La piedad, en su sentido clásico, no es sentimentalismo ni indulgencia acrítica, sino una disposición moral estable que inclina a reconocer la fragilidad humana ya obrar con misericordia sin abdicar del juicio, manteniendo fidelidad a un orden moral objetivo y trascendente.

Ese orden tiene una jerarquía clara: primero Dios, como fundamento último del bien y de la justicia; y, a partir de allí, los deberes debidos hacia la familia como ámbito originario de la vida, la patria como nación, los vínculos personales próximos, la comunidad viva y la tradición como vehículo de transmisión cultural, moral y simbólica. 

Dicho enfoque resulta fácilmente adaptable para las personas no creyentes. Basta con suprimir la categoría divina de la tabla que ordena los deberes morales, sin alterar la lógica jerárquica del orden propuesto por ella.

En el ordenamiento de deberes precitados se omite intencionalmente la mención a “los más vulnerables” como colectivo o sector diferenciado. Dicha omisión obedece a que no se clasifica a los pobres ni se los separa como categoría política, sino que se los reconoce y alcanza en cada una de las instancias precedentes. 

El niño, el anciano, el enfermo, el desocupado o la persona en situación de fragilidad no aparecen aquí como abstracciones funcionales a un relato ideológico, sino como personas concretas insertas en una familia, en vínculos personales próximos, en comunidades vivas -como barrios, asociaciones y grupos de pertenencia- y en una patria compartida.

Es en ese entramado real de relaciones y responsabilidades donde la atención al vulnerable adquiere sentido moral auténtico, y no en su conversión en un colectivo homogéneo administrado por el poder.

La piedad se nutre específicamente de las virtudes abordadas al comienzo, es decir: la compasión, la caridad, la filantropía y la solidaridad. Por lo tanto, la construcción de una persona piadosa comienza necesariamente con el desarrollo ordenado de dichas virtudes.

Lejos de prescindir de la equidad, la piedad la presupone y la regula prudentemente en la resolución de cada caso particular. Evita tanto la dureza inhumana y la injusticia distributiva como la complacencia y el oportunismo que desfiguran el orden moral. El hombre piadoso no es quien da sin medida ni quien renuncia a discernir, sino quien ordena su acción conforme a la jerarquía de valores que guían su conducta.

Sabe a quién debe ayudar, en qué medida y con qué límites, evaluando si su acción contribuye a restaurar la dignidad del otro o si, por el contrario, consolida la dependencia o contradice la justicia. Su piedad no nace de la culpa ni de la consigna política o religiosa, sino de la obediencia moral a un orden que no ha creado y al que se somete libremente.

En este sentido, la piedad se distingue radicalmente de la lógica de la justicia social cuando ésta pretende erigirse en criterio moral autosuficiente, sin orden, parámetros, ni medidas que la regulen. 

De tal magnitud son los excesos de la justicia social que el socialismo afirma sin ruborizarse que donde hay una necesidad nace un derecho: ficticios derechos de supuestos necesarios que deben ser satisfechos de manera compulsiva por el resto de la comunidad.

Siempre que la justicia social desplaza a Dios como fundamento del orden, o prescinde de un orden moral objetivo, sustituye los deberes propios por derechos abstractos de terceros y moraliza la coerción en nombre de la igualdad. En cambio, la piedad se ejerce personalmente con orden, jerarquía y límites. No legitima el poder ni convierte el dar en una obligación exigible. Preserva la primacía de la virtud sobre el procedimiento y el utilitarismo del poder.

Por ello, frente a una concepción socialista que reemplaza el orden moral por la ingeniería social y la prudencia por una consigna política ilegítima, la persona virtuosa rechaza la justicia social y se conduce como un hombre piadoso, con la certeza de que sus conductas, así guiados, serán capaces de satisfacer plenamente una conciencia moral desarrollada.